«Es importante aprobar la respectiva ley de competencias que permita transferir funciones a los entes territoriales dentro del debido análisis de sostenibilidad fiscal».
Esto dijo el ministro de Hacienda y Crédito Pública Ricardo Bonilla, refiriéndose al Proyecto de Acto Legislativo “por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”
Esta misma norma, según la cartera de las finanzas, favorecerá el cumplimiento de la deuda en el marco de las normas vigentes.
El ministro aclaró que es importante tener en cuenta que los conceptos que ha emitido hasta el momento, se han realizado conforme a los textos aprobados en los respectivos debates, donde no estaba bien definida la relación entre la ley de competencias y la entrada en aplicación del acto legislativo, en caso de ser aprobado.
“Esta preocupación, ampliamente manifestada, pretendía evitar llegar a un escenario donde la Nación tuviese que distribuir más recursos sin la debida transferencia de competencias”, explicó la entidad en un comunicado oficial.
Modificar el Sistema General de Participaciones
“La presentación, discusión y aprobación de una ley que permita poner en equilibrio competencias y recursos, sin poner en riesgo las finanzas de la Nación, es una forma de avanzar en los debates que ha suscitado el Proyecto de Acto Legislativo 437 de 2024 Cámara – 018 de 2024 Senado y que modifica el Sistema General de Participaciones – SGP”, puntualizó el comunicado.
En su exposición, el ministro Bonilla explicó la importancia del artículo 334 de la Constitución Política y dijo que, “el alcance de los debates generados, así como la correspondiente ley de competencias derivada del Proyecto de Acto Legislativo, deben contemplar el artículo 334 de la Constitución Política, donde se señala que la orientación de la economía estará a cargo del Estado”.
Agregó que se establece que sus intervenciones corresponden a mandatos de ley buscando, entre otros objetivos, “promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”; pero, en estricto cumplimiento del marco de sostenibilidad fiscal que “debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”.
La reforma permitiría acabar con una forma perversa de la gestión de recursos por parte de los entes territoriales: hoy, alcaldes y gobernadores tienen que tocar las puertas en las entidades del nivel central para sacar adelante sus proyectos. La reforma del SGP permitiría acabar con esa práctica.
La redistribución de competencias entre la Nación y los territorios pretende otorgar mayores responsabilidades a las entidades territoriales:
Además de recibir más recursos, los territorios deben fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y vigilancia de los programas y proyectos, un paso hacia el cierre de las brechas regionales y una oportunidad para corregir desequilibrios históricos entre Bogotá y las regiones.
La discusión alrededor de la reforma es quién maneja el poder y los recursos. La experiencia ya ha demostrado que concentrar poder y recursos en Bogotá no es efectivo ni eficaz.
Consulte aquí el comunicado del Ministerio de Hacienda con todos los detalles:
